Luego varioss meses de negociaciones, el gobierno federal llegó a un acuerdo con la iniciativa privada y sindicatos para destrabar su iniciativa de reforma a la subcontratación laboral, la cual contempla que esta solo podrá usarse en labores especializadas –no propias del objeto social de las empresas–; al tiempo que prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario. La reforma legal contempla otorgar un plazo de tres meses para su implementación, y un mes para implementar el nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.
Se trata de un modelo integral que contempla cambios laborales, fiscales y de seguridad social, mismos que serán enviados de manera inmediata a la Cámara de Diputados para que sean considerados en la discusión que deberán llevar a cabo en los próximos días los legisladores para una eventual aprobación.
“Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el encuentro en su cuenta de Twitter.
Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde expuso que “los acuerdos alcanzados comprenden cinco aspectos: la prohibición de la subcontratación de personal; la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante; el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados; la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
